Castellán

Según trascendió en la prensa, el actual gobierno estaría evaluando una “hoja de ruta” para avanzar en esa dirección, considerando cómo un vínculo más estrecho con la OCDE podría contribuir a mejorar la inserción internacional del país, fortalecer las políticas públicas, generar mayor confianza e inversión, aunque también implicaría nuevas responsabilidades.

 

¿Qué es la OCDE?

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo internacional creado hace más de 60 años, integrado actualmente por 38 países. Su misión es promover el desarrollo económico mediante la coordinación de políticas económicas y sociales, el impulso a la educación, la lucha contra la evasión fiscal internacional y el establecimiento de estándares globales acompañados de mecanismos de implementación.

 

¿Qué implica ser miembro de la OCDE?

 

La membresía no es simplemente un sello político, sino que supone ventajas estratégicas y la asunción de compromisos.

 

Principales ventajas:

 

a. La membresía implica ajustarse a altos estándares de transparencia, gobernanza y estabilidad, lo que refuerza la confianza de los mercados internacionales y abre mayores oportunidades de inversión extranjera.

b. Integración internacional y establecimiento de alianzas con otros miembros regionales para participar en la creación o ajuste de políticas globales.

c. Acceder a estándares internacionales y a experiencias con éxito probado en otros países constituye una oportunidad valiosa para enriquecer y modernizar nuestras políticas públicas en temas como la educación, salud, empleo, así como para generar mayor seguridad jurídica y fiscal, lo que se traduce en mayor certidumbre para empresarios.

 

Compromisos a asumir:

 

a. Adoptar estándares OCDE puede requerir reformas fiscales, cambios estructurales y ajustes regulatorios. Además, las futuras políticas públicas deberán alinearse con estos estándares, lo que podría entenderse por algunos como cierta reducción de autonomía al respecto.

b. Presentar informes periódicos sobre políticas económicas, fiscales y sociales.

c. Contribuir financieramente de forma proporcional a la dimensión económica del país.

 

Un camino ya iniciado

 

Aunque Uruguay no es miembro, en los últimos años ha incorporado varios estándares y recomendaciones de la OCDE, entre ellos:

 

1. La creación del Punto Nacional de Contacto de Uruguay para la implementación de las "Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales”.

2. Ingreso como miembro al Comité de Desarrollo de OCDE e integración del Comité de Asuntos Fiscales

3. Adhesión a la recomendación de OCDE sobre Gobierno Abierto y sobre Inteligencia Artificial

4. Convergencia con los estándares internacionales en transparencia fiscal y el intercambio efectivo de información mediante la firma de acuerdos bilaterales para intercambiar información, así como la aprobación de otras normas de convergencia tales como la Ley 19.484 

5. Suscripción del Instrumento Multilateral de la OCDE (MLI) para aplicar las medidas relacionadas con los convenios fiscales, para prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios (BEPS) – Ley 19.814

6. Adopción de reformas fiscales inspiradas por estándares promovidos por OCDE (entre otros), tales como las introducidas en la Ley 20.095 vinculadas a la gravabilidad en el país de ciertas rentas pasivas obtenidas por “Grupos Multinacionales”, reforzando conceptos fomentados activamente por OCDE como la “Sustancia Económica” y el de “Anti-Abuso”.

 

¿Qué significa para las empresas?

 

La eventual adhesión de Uruguay a la OCDE no es solo un tema institucional: también marca la agenda de quienes invierten y operan en el país. En particular, las empresas deberían prestar atención a tres ejes:

 

a. Anticipación regulatoria: Uruguay ya ha incorporado estándares OCDE en materia fiscal, transparencia e intercambio de información, pero el ingreso aceleraría esa convergencia y exigiría a las empresas revisar de manera proactiva sus estructuras y reportes.

 

b. Competitividad e inversión: pertenecer a la OCDE puede reforzar la confianza de los mercados internacionales y mejorar el atractivo del país como destino de inversiones. Para los actores locales, esto abre oportunidades de asociarse, acceder a financiamiento y expandirse en un marco más exigente.

 

c. Nuevos estándares en innovación y sostenibilidad: la agenda de la OCDE no se limita a lo fiscal. Sus lineamientos en temas como inteligencia artificial, economía digital, sostenibilidad y gobierno corporativo anticipan marcos regulatorios que impactarán en múltiples sectores.

 

Reflexiones finales

 

La eventual adhesión de Uruguay a la OCDE representa mucho más que un signo de prestigio internacional: sería un paso estratégico hacia la consolidación del país como socio confiable en la economía global. En los últimos años, Uruguay ya ha demostrado voluntad política y técnica para alinear sus normas con estándares internacionales lo que, acompañado por su estabilidad política y coyuntura económica, refuerza su reputación de seriedad.

 

Si bien la incorporación no es un objetivo inmediato y conlleva exigencias significativas, avanzar en ese camino puede mejorar la calidad de las políticas públicas, atraer inversión extranjera y abrir nuevas oportunidades de cooperación internacional. Al mismo tiempo, implica obligaciones que podrían restringir la autonomía en la definición de políticas internas.

 

En definitiva, se trata de un proceso que exige equilibrio: aprovechar los beneficios de una mayor integración internacional, sin dejar de resguardar los intereses nacionales y la capacidad de definir un modelo de desarrollo propio.

 

Montevideo, 26 de agosto de 2025 - Cra. Maite Currás