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El coronavirus (COVID-19) ya ha comenzado a afectar la liquidez de muchas empresas, fruto de la interrupción de la cadena de pagos, dando lugar a que algunas encuentren dificultades para poder dar cumplimiento a sus obligaciones.

Tras la detección de los primeros casos de personas infectadas con el virus COVID-19 (“Coronavirus”) en el país, el pasado 13 de marzo el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia sanitaria nacional, tomando desde entonces una serie de medidas de diversa índole.

Como es de público conocimiento, nuestro país se encuentra ante una emergencia sanitaria debido a la presencia del virus COVID-19.

Desde 13 de marzo del corriente año 2020, rige en Uruguay una emergencia sanitaria, como consecuencia de la detección de la presencia del virus COVID-19.

Desde el pasado 1º de Enero, con la entrada en vigor de la Ley N.º 19.670 (aprobación de la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondientes al Ejercicio del año 2017), la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) tiene dentro de sus cometidos el dictado de normas técnicas y recomendaciones tendientes a la mejora de la gestión y la transparencia en la contratación pública.

En el mes de mayo comenzó a regir para las empresas (algunas) la obligatoriedad de contar con determinados “SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO (SPST)”. Ello significa que los empleadores deberán trabajar preceptivamente en prevención, no solo en materia de accidentes laborales, sino también de salud, incorporando el asesoramiento de un médico además del de un prevencionista. Analizaremos a continuación la información más importante sobre el Decreto 127/014 y la reciente prórroga parcial a sus plazos, que estableció un nuevo cronograma de aplicación.

Por decreto No. 73/019 del pasado 6 de marzo, el Poder Ejecutivo reglamentó la reciente Ley 19.691, que regula la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector privado. En el presente abordaremos los aspectos más relevantes de la referida normativa.

Recientes modificaciones normativas en materia laboral y de seguridad social establecen nuevos derechos y obligaciones que resultan imprescindibles conocer por parte de las empresas para su cumplimiento. Destacamos algunos de los aspectos más relevantes de las mismas.

Posibilidad de presentación y apertura de ofertas en procedimientos de contrataciones estatales mediante medios electrónicos.

Selección de proveedores para que sus productos y servicios estén disponibles por determinado período de tiempo en una Tienda Virtual para su adquisición a demanda por parte de los distintos organismos.