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Hace poco más de un mes, se cumplieron 100 años de la entrada en vigencia de la primera ley de zonas francas en Uruguay (Ley No. 7.593), cuyo objetivo era estimular el comercio y la industria en el área portuaria mediante beneficios fiscales y exención de impuestos a usuarios.

Desde la entrada en vigencia de la Ley No. 18.600, en Uruguay se ha impulsado el uso de comprobantes electrónicos para documentar operaciones comerciales, lo que ha brindado beneficios significativos a las empresas en términos de costos y gestión de la documentación. Sin embargo, ello también conlleva desafíos cuando los deudores no realizan el pago voluntariamente y debe recurrirse a la vía judicial.

Recientemente entró en vigencia la Ley Nro. 20.145 -aprobada el pasado 10 de mayo-, que introduce importantes cambios en la Ley de Negociación Colectiva para el sector privado (Nro. 18.566 de 2009 “LNC”), recogiendo algunas de las observaciones efectuadas en marzo de 2010 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en base a la queja oportunamente presentada por la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio y Servicios.

Desde hace varios años existe una tendencia mundial de atender la situación de los llamados “Nómadas Digitales”, expresión utilizada para referir a aquellas personas que, mediante el uso de las tecnologías y la telecomunicación, trabajan de forma remota con una movilidad que trasciende las fronteras del país en el cual residen y del país de domicilio de las empresas que los contratan. Esta es, la hipótesis del “teletrabajo internacional”. 

En la era digital actual, uno de los mayores desafíos sigue siendo la protección de datos personales y el derecho a la intimidad de los individuos. Internet almacena -y permite la visualización de - innumerables datos personales cuyo acceso ilimitado, eventualmente, podría afectar la reputación, vida familiar o laboral de las personas aún años después de su publicación original.

La ley No. 20.095 y el Decreto Reglamentario No. 395/2022 introdujeron en Uruguay importantes modificaciones con respecto al criterio de territorialidad o de la fuente, que se venía aplicando en el Impuesto a las Rentas de las Activades Económicas (IRAE), y por el cual solo serían imponibles las rentas obtenidas dentro del territorio uruguayo (y que ya contaba con algunas excepciones).

A partir de enero comenzaron a regir cambios en el Sistema Nacional de Certificaciones Médicas, que facultan al Banco de Previsión Social (BPS) a auditar determinadas situaciones, con la finalidad de reducir desvíos. Permitirá además obtener datos globales, como por ejemplo cuales son las patologías más frecuentes, generar estadísticas y estandarizar criterios.

El Decreto No. 135/021 -de fecha 4 de mayo de 2021- reglamentó la Ley de Protección del Medio Ambiente (Ley No. 17.283), estableció objetivos de calidad del aire y estándares de emisión, tanto de fuentes fijas como vehiculares, incorporando determinadas obligaciones y prohibiciones (https://bit.ly/3j0yiFS).

El 1 de enero de 2023 entró definitivamente en vigencia la obligatoriedad de constituir domicilio electrónico ante el MTSS, para todas las empresas con personal dependiente. Desde ahora este será el canal utilizado para la notificación de las citaciones a Audiencias de Conciliación. 

El 1° de enero de 2023 entraron en vigor las nuevas obligaciones que deben cumplir los responsables de recabar y tratar los datos personales, incluso cuando éstos no sean obtenidos directamente de sus titulares.